La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia condenatoria contra un constructor por un delito de estafa, imponiéndole una pena de trece meses de prisión. Los hechos juzgados se relacionan con la firma y posterior incumplimiento de un contrato para la instalación de una vivienda modular en una parcela de la provincia. El condenado deberá indemnizar al perjudicado con 25.620,76 euros por los perjuicios sufridos.

El contrato y los pagos adelantados

Según los hechos probados, en mayo de 2019 el condenado, titular de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares móviles y reformas, suscribió un contrato de ejecución de obra con el afectado. El importe de la obra superaba los 20.000 euros, y antes de la firma del contrato ya se habían transferido 7.000 euros como anticipo. Posteriormente, se entregaron otros 6.000 euros mediante transferencia y 7.300 euros en efectivo, como adelanto para el inicio de las obras.

Incumplimiento y abandono de la obra

Pese a haberse iniciado ciertos trabajos preliminares, como la cimentación y acometidas de agua y desagüe, la ejecución quedó paralizada durante meses. El acusado alegó la necesidad de presentar un proyecto de obra mayor y obtener licencia municipal, lo cual obligó al perjudicado a contratar a un arquitecto (1.768,53 euros) y a abonar la tasa correspondiente a la licencia (552,23 euros). Sin embargo, la instalación no se reanudó ni se finalizó en ningún momento.

Tipificación penal de la conducta

El tribunal considera que la conducta excede los márgenes de un mero incumplimiento contractual. La reiteración del patrón delictivo, confirmada por los testimonios de otras dos personas afectadas en circunstancias similares, acredita la existencia de un engaño inicial, elemento esencial del delito de estafa recogido en el artículo 248 del Código Penal. El acusado, conocedor de su incapacidad económica, aceptó el encargo con el único propósito de obtener un beneficio ilícito.

Indemnización y posibilidad de recurso

La resolución judicial fija una indemnización de 25.620,76 euros a favor del denunciante, suma que incluye tanto los pagos realizados directamente al acusado como los gastos derivados de la gestión del proyecto y la obtención de permisos. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.