Momento procesal oportuno para impugnar una prueba obtenida en otro procedimiento penal

El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, ha anulado una condena por robo con violencia en casa habitada al considerar ilícita la principal prueba de cargo. La sentencia resulta relevante porque aclara cuál es el momento procesal oportuno para impugnar una prueba obtenida en otro procedimiento penal. En el caso enjuiciado, se trataba de unas intervenciones telefónicas incorporadas a la causa sin que constaran en autos todos los antecedentes necesarios para comprobar la legitimidad de la injerencia.

La cuestión no giraba tanto sobre el contenido de las conversaciones como sobre su validez procesal. Las escuchas procedían de una investigación distinta y fueron utilizadas después como prueba incriminatoria directa. Sin embargo, faltaban documentos esenciales para controlar si la medida había sido acordada con la motivación y las garantías exigibles. A partir de ahí, el Tribunal Supremo pone el foco en el momento procesal oportuno para denunciar esa irregularidad y en la carga de la acusación de acreditar la licitud de la prueba.

Intervenciones telefónicas de otra causa penal

Según recoge la resolución, las intervenciones telefónicas no habían sido acordadas en el procedimiento seguido por el robo, sino en otra causa tramitada ante un órgano judicial distinto. Posteriormente, esas escuchas fueron remitidas e incorporadas al nuevo proceso como prueba de cargo.

No obstante, en las actuaciones no figuraban ni el auto inicial que autorizó la intervención telefónica ni los oficios policiales que solicitaron la medida y sus sucesivas prórrogas. Esa ausencia impedía comprobar si la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones había sido adoptada con las debidas garantías constitucionales.

Falta de control sobre la licitud de la prueba

La Sala recuerda su doctrina sobre la utilización en un proceso penal de pruebas obtenidas en otro procedimiento independiente. Cuando la defensa impugna su legitimidad, corresponde a la parte que quiere valerse de esa prueba justificar de manera completa y contradictoria que fue obtenida conforme a Derecho.

Ahora bien, el Tribunal Supremo también subraya que la defensa no puede guardar silencio en la instancia y formular la objeción por primera vez en casación. Por eso, uno de los aspectos centrales del caso consiste en precisar cuál era el momento procesal oportuno para plantear esa impugnación.

Momento procesal oportuno para cuestionar la prueba

La Audiencia Provincial había entendido que el escrito de defensa era el último trámite hábil para formular con suficiente concreción la objeción sobre la licitud de la prueba. Frente a ello, el Tribunal Supremo corrige ese criterio.

La Sala declara que no puede considerarse extemporánea una impugnación que, aunque en el escrito de defensa se hubiera formulado de manera limitada, se desarrolla con precisión al inicio del juicio oral, en el trámite de cuestiones previas. Ese puede ser el momento procesal oportuno para denunciar la nulidad, siempre que exista posibilidad de contradicción entre las partes.

Cuestiones previas y audiencia preliminar

La sentencia reafirma así que la fase de cuestiones previas —y, en la terminología actual, la audiencia preliminar— constituye un momento procesal oportuno para plantear la nulidad de una prueba procedente de otro procedimiento penal cuando faltan los antecedentes necesarios para fiscalizar la legitimidad de la injerencia.

Nulidad de las escuchas y absolución

Aplicando esa doctrina al caso concreto, la Sala concluye que la defensa actuó en tiempo hábil. Además, destaca que el Ministerio Fiscal no podía alegar sorpresa, porque conocía o podía conocer que la documentación remitida desde la causa de origen estaba incompleta. Pese a ello, no aportó los testimonios omitidos ni solicitó la suspensión del juicio para completarlos.

Por ello, el Tribunal Supremo declara nula la prueba documental y acústica procedente de aquellas intervenciones telefónicas, así como los elementos inseparablemente vinculados a ellas. Una vez expulsada esa prueba del proceso, la condena ya no podía sostenerse, porque las escuchas constituían el único soporte incriminatorio verdaderamente relevante. En consecuencia, casa y anula la sentencia recurrida y dicta una segunda sentencia absolutoria.