El TC anula restricciones al corte de luz

La ley catalana vulneraba competencias estatales

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional parte de la Ley catalana 24/2015, aprobada para afrontar situaciones de pobreza energética y emergencia habitacional. La resolución afecta concretamente a los artículos 6.4 y 9.4, que impedían a las compañías eléctricas y de gas cortar el suministro a personas vulnerables mientras no existiera un informe de servicios sociales.

La cuestión fue planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que la normativa autonómica podía contradecir la regulación estatal sobre suministro energético y protección de consumidores vulnerables.

El Pleno del TC concluye que la regulación catalana excedía las competencias autonómicas y alteraba un sistema reservado al Estado.

El Estado puede fijar un régimen común

La sentencia señala que el Estado tiene competencia para establecer un marco homogéneo en materia energética y económica. En virtud de los artículos 149.1.13 y 149.1.25 de la Constitución, corresponde al legislador estatal regular las condiciones básicas del suministro eléctrico y de gas.

El Tribunal recuerda que el Estado ya ha creado mecanismos específicos de protección para consumidores vulnerables, entre ellos el bono social eléctrico. Estas medidas permiten ofrecer apoyo económico a determinados colectivos sin impedir completamente el corte del suministro en caso de impago.

Según el TC, la normativa catalana introducía limitaciones adicionales no previstas por el sistema estatal, lo que generaba una alteración del modelo regulatorio común.

Una doctrina ya consolidada

La resolución mantiene el criterio seguido en anteriores sentencias sobre normas autonómicas similares. El Tribunal menciona expresamente las SSTC 54/2018 y 80/2018, que ya habían anulado disposiciones aprobadas por Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El objetivo de esta doctrina es garantizar que todos los consumidores vulnerables reciban un tratamiento equivalente en cualquier parte del territorio nacional. Para el TC, permitir regulaciones distintas en cada comunidad autónoma afectaría a la unidad normativa del mercado energético.

La sentencia considera además que las comunidades autónomas sí pueden desarrollar políticas sociales de apoyo, siempre que no modifiquen las condiciones básicas del suministro energético fijadas por el Estado.

Relevancia de la resolución

El fallo delimita nuevamente el alcance de las competencias autonómicas en materia social y energética. Aunque las comunidades pueden impulsar ayudas económicas o programas de asistencia, no pueden impedir el ejercicio de facultades reconocidas por la normativa estatal a las empresas suministradoras.

La resolución tendrá relevancia para futuras iniciativas legislativas relacionadas con la pobreza energética y consolida el criterio del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de mantener un sistema regulatorio uniforme.