El TJUE avala investigar fraudes tras la nacionalidad

Una decisión relevante sobre ciudadanía y residencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los Estados miembros pueden investigar matrimonios de conveniencia y otras conductas fraudulentas relacionadas con la obtención de derechos de residencia, incluso cuando la persona investigada ya ha adquirido la nacionalidad del país en el que reside.

La decisión se recoge en la sentencia dictada en el asunto C-560/24, Besthame, y afecta directamente a la aplicación de la Directiva 2004/38, norma que regula la libre circulación y residencia de ciudadanos de la Unión Europea y de sus familiares.

El caso analizado por el Tribunal

El litigio se originó en Irlanda. Un ciudadano de un país tercero residía en ese Estado como estudiante. Poco antes de que finalizara su autorización de residencia contrajo matrimonio con una ciudadana europea.

Gracias a ese matrimonio obtuvo un permiso de residencia como familiar de ciudadano de la Unión. Posteriormente consiguió la nacionalidad irlandesa, convirtiéndose también en ciudadano de la Unión Europea.

Tiempo después, las autoridades nacionales consideraron que el matrimonio podía haber sido de conveniencia. Tras analizar la situación, concluyeron que existían elementos suficientes para apreciar fraude y abuso de derecho.

El afectado recurrió la decisión argumentando que, una vez adquirida la nacionalidad irlandesa, la Directiva europea ya no le resultaba aplicable.

La respuesta del TJUE

El Tribunal rechaza esa interpretación. Aunque reconoce que una persona nacionalizada deja de estar sometida al régimen ordinario de la Directiva, considera que ello no impide examinar cómo se obtuvieron los derechos de residencia en el pasado.

Para el TJUE, las normas europeas contra el fraude perderían eficacia si las autoridades no pudieran investigar conductas descubiertas con posterioridad. Precisamente en los casos de matrimonios de conveniencia es habitual que las irregularidades salgan a la luz varios años después de haberse producido.

Por ese motivo, la sentencia confirma que los Estados miembros conservan la facultad de investigar y declarar la existencia de fraude aun cuando el interesado haya adquirido posteriormente la nacionalidad del país de acogida.

Posibles efectos de la declaración de fraude

La resolución también aclara que la investigación y constatación del fraude no implican automáticamente una sanción o la pérdida de derechos.

Sin embargo, las conclusiones obtenidas pueden servir de base para futuras decisiones administrativas o judiciales. Entre ellas podría encontrarse la retirada de derechos obtenidos fraudulentamente o incluso la pérdida de la nacionalidad, siempre que se respeten las exigencias del Derecho de la Unión.

La decisión supone un importante respaldo a las autoridades nacionales en la lucha contra los matrimonios de conveniencia. Asimismo, refuerza la idea de que la ciudadanía europea y los derechos asociados a ella deben obtenerse de forma legítima y conforme a la normativa aplicable.